La ley no pasa por la Minerva


En la Avenida Minerva, de las Acacias, los jóvenes son víctimas de abusos por parte de los propietarios de viviendas estudiantiles. Lo que debería ser un beneficio para los estudiantes se ha convertido en un medio lucrativo para los dueños.

9:30 pm. Gabriel Rodríguez sale de la Quinta María Angelina. “Mi pana, démosle rápido que a las once la vieja cierra la puerta y me deja durmiendo en la calle”. Se sienta en un tronco seco que sirve para que los muchachos se sienten a echar cuento y comienza a contar su historia.

Para llegar a la Avenida Minerva solo hay que salir del Metro de Ciudad Universitaria y caminar por la acera que bordea la UCV, justamente después de pasar la Facultad de Ciencias se cruza a la derecha y allí se pueden observar, desde el inicio de la calle, las grandes edificaciones tipo quinta que en su gran mayoría funcionan como residencias estudiantiles. Lo más preocupante del asunto, dicho por sus propios protagonistas, es que actualmente esta avenida, que realmente está formada por una calle de dos cuadras, funciona como un medio lucrativo para los dueños, donde las comodidades carecen y los abusos reinan hacía los estudiantes por parte de los propietarios; y donde la ley pareciera arroparse por el miedo de jóvenes que temen perder su único lugar donde vivir.

Así es el caso de Gabriel, últimamente ha preferido callar sus incomodidades por miedo a ser desalojado de su cuarto.

Gabriel llegó en 2009 desde Puerto Ayacucho, en el Estado Amazonas, para ingresar a la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la UCV.  Es el mayor de cuatro hermanos, su mamá trabaja en la barra de una panadería y su papa es mecánico. Su primera semana en Caracas la pasó en casa de un amigo y luego le comentaron que justamente saliendo por la entrada de trasbordo quedaba una zona residencial para estudiantes: la Avenida Minerva. Así que se acercó hasta el lugar y comenzó a preguntar casa por casa, pero todas estaban full,  hasta que llegó a una llamada Quinta Suso donde lo atendió una señora de origen colombiano quien le comentó que alquilaba camas en cuartos por el precio de 500 bolívares. “Acepté porque ya no habían más opciones, las demás estaban llenas y ya no tenía donde vivir, así que ese mismo día me mude”

En la Avenida Minerva hay actualmente ocho residencias estudiantiles que albergan a más de 300 estudiantes, en su gran mayoría del interior del país. Y  aunque pareciera que esta calle residencial es un gran beneficio para los jóvenes que disfrutan de estos servicios, ellos no opinan lo mismo.

Cuando Gabriel entró a la Quinta Suso, la dueña lo llevó hasta su cuarto: una habitación de tres metros cuadrados con dos literas y dos closets, en ese cuarto dormiría el junto a tres muchachos más y debería compartir un closet con otro compañero. “Es difícil porque el cuarto era muy pequeño para los cuatro y tener que compartir el closet nos traía problemas”.

Pero los problemas para Gabriel no terminaban allí, apenas comenzaban y se afianzaban más con los abusos y limitaciones de un negocio para el cual parecía no existir leyes.

Gabriel duró un año y dos meses en la Quinta Suso. Luego de que la dueña aumentara el alquiler de 500 a 700 bolívares en menos de un año, tuvo un problema económico y se atrasó dos meses en el pago. En el momento en que fue a notificarle el problema por el cual pasaba su familia a la dueña de la residencia, ella no lo dejó hablar y le informó al mismo tiempo que tenía un mes para desalojar la habitación.

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La nueva Ley de Arrendamientos de Vivienda, aprobada en noviembre del 2011, en su capítulo tres, dedica una serie de artículos al tema de las viviendas estudiantiles. Esta ley estipula que las residencias  deben regirse por cada uno de los parámetros y artículos allí presentes. Una de las peculiaridades de esta ley está referida a los cánones de arrendamientos, los desalojos y los aumentos, que en la mayoría de los casos benefician a los arrendatarios, en este caso los estudiantes.

Si bien es cierto, es deber de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, creada con la aprobación de la nueva ley,  hacer que se cumplan cada uno de los artículos presentes allí. Pero el miedo que ha dejado los años y experiencias vividas por los jóvenes que residen en esta zona residencial no permite que sus quejas traspasen las palabras de una conversación entre amigos.

Así es el caso de Daniel López, residenciado en la Quinta Isabella, quien le comentó a la dueña de su residencia sus incomodidades con el costo de las habitaciones relacionado con los beneficios y las condiciones del lugar. “Cuando la dueña aumentó le dije que mejorara las condiciones o que al menos pusiera un filtro con agua potable, ella me dijo que estaba jodiendo mucho y que mejor desalojara la habitación”.

“Las residencias son una necesidad, no una comodidad”, es lo que tienen que escuchar los residentes de la Quinta Isabella cada vez que manifiestan una incomodidad con la dueña, eso sí corren con suerte de que no se les pida el desalojo automáticamente.

Adriana Mendoza, por otro lado, de la Quinta Carmen Luisa, comenta que los dueños de la residencia donde ella vive se están enriqueciendo por la necesidad de los estudiantes. “A la señora le ingresan como 40 millones mensuales” de los cuales no se destina algún porcentaje para las mejoras en las condiciones del lugar. “La señora se va de vacaciones en yate y se da todos los lujos que quiere”, comenta.

El artículo 60 de la nueva ley antes mencionada estipula que la residencia estudiantil deberá contar con espacios dignos de habitabilidad, necesarios para el estudio, desarrollo integral en armonía y el esparcimiento del estudiante. Pero Luís Marcano de la Residencia María Angelina cree que las áreas y condiciones que tiene su residencia van en contra de muchos de los artículos de esta ley. Comenta que solo disponen una cocina y una nevera que es insuficiente para las 42 personas que allí conviven, además se encuentran en una situación de hacinamiento al extremo del que hay habitaciones de tan solo cuatro metros cuadrados que comparten entre cinco o seis personas, cuando el artículo 65 de la ley establece que los dormitorios colectivos deberán tener como mínimo seis metros cuadrados  por cada estudiante arrendatario o arrendataria.

Pero esto es algo que según los chicos se queda solo en las páginas de esa ley, ya que las normas de convivencias de las residencias son establecidas e impuestas por las propietarias mientras que la ley en su artículo 61 estipula que estas normas deben ser definidas por el acuerdo entre el arrendador y los estudiantes y deben corresponder con las necesidades de ambas partes.

“Los dueños nunca han sido atentos con las exigencias de los estudiantes. Con respecto al tema del horario de llegada  muchas veces se les ha planteado que eliminen ese sistema que tienen y no lo han hecho”, comenta Marcano de la Residencia María Angelina.

 

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         Tratar de conversar con los propietarios de las viviendas estudiantiles de la Avenida Minerva es algo complicado. Siete de las ocho residencias tienen como dueñas a señoras entre los 40 y 60 años. Sus días transcurren en actividades del hogar o salir al mercado a comprar cualquier producto necesario para la comida o para la casa. Comentan los protagonistas que estas señoras muy poco salen a la puerta cuando alguien toca el timbre de la casa, por lo general acostumbran a enviar a cualquier estudiante residenciado a buscar información sobre quien está llamando y que busca en especifico. “La señora dice que no hay mas cupos en la residencia”, “la señora no está”, “la señora manda a decir que está ocupada”, “la señora dice que no quiere hacer ninguna encuesta”, “la señora dice que no quiere que le hagan entrevistas”, son algunos de los comentarios de los estudiantes que sirven como portavoces. Otras, prefieren ocultar su identidad. “Yo no soy la dueña, soy la que limpia ¿Qué buscaba?”

 

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A los 15 días de que la dueña le pidiese el desalojo de la habitación, Gabriel se mudó a la Quinta Coromoto, justamente a tres casas de su antigua residencia. Es allí donde vive actualmente. No ha tenido problemas con los dueños porque ha preferido callar sus incomodidades que son aún peores que las que presentaba en su anterior residencia. “Esta  es peor que la anterior. Aquí nos estipulan hora de llegada hasta las 11 de la noche y nos tienen un horario hasta las 10 pm para el uso de la cocina. He tenido que dejar el trabajo y ahora no se qué hacer”.

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La página oficial del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Habitad, referente al tema del inquilinato, describe que atienden a mas de 200 usuarios diarios por problemas relacionados con el arrendamiento. Pero esto no resulta una ayuda total para los jóvenes residenciados. Para ellos, a pesar de ser aprobada una ley que los ampara, todavía siguen siendo víctimas de abusos por parte de los propietarios.

A pesar de la promulgación del decreto 8.190 publicado el 05 de mayo de 2011, donde especifica que queda prohibido en el país todo tipo de desalojo forzoso y arbitrario a la Ley, los propietarios de la Avenida Minerva aún  desalojan a los estudiantes residenciados.

Esta no es una cuestión de realizar una denuncia ante los entes gubernamentales ya que los jóvenes afirman que al final el resultado será el mismo: antes de que la denuncia llegue a los organismos competentes ellos serán desalojados. Y Gabriel para eso tiene sus pruebas.

“Hace tiempo hicimos una denuncia y nos dijeron que creáramos una lista de los afectados, lo hicimos, pero misteriosamente esa hoja con los nombres y cedulas de todos nosotros llegó a manos de la dueña. Ella nos dijo que si volvíamos a hacer algo como eso nos echaría a la calle”.

 

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